- Hay indicios de prácticas monopólicas y acciones ilegales en el mercado de bonos del gobierno
- Citarán a la comisionada presidenta de Cofece, Alejandra Palacios
RedFinancieraMX
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, calificó de necesaria y urgente la comparecencia de Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que dé cuenta del Dictamen de Probable Responsabilidad de la Autoridad Investigadora en la que se emplazó a diversos agentes por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de bonos del gobierno.
El diputado recordó que los bancos tienen hasta el 23 de enero para presentar sus alegatos y que el Pleno de la Cofece tiene hasta el 28 de julio para emitir una resolución final y de comprobarse que se realizaron prácticas monopólicas absolutas, podría establecer multas de hasta el 10 por ciento de los ingresos anuales de la institución financiera.
Finalmente reconoció los esfuerzos de la Cofece e instó a seguir trabajando en pro de una sana competencia entre actores económicos.
También apuntó que es necesario que la titular explique al Congreso de la Unión la manera en que la investigación se llevó a cabo y que aporte más detalle sobre los agentes que pudieran estar involucrados, esto con el fin de conocer hasta qué punto se afectó la economía y respaldar las acciones que deriven de la investigación.
“Es necesario garantizar la competencia en todos los mercados incluyendo el mercado de bonos. Si hubo arreglos ilegales entre los bancos para manipular precios o coludirse en licitaciones públicas deben ser sancionados, pues estas acciones podrían haber generado mayor endeudamiento para el país y un gran daño a las finanzas”, afirmó.
Ramírez Cuéllar hizo referencia al boletín emitido por la Cofece este lunes y aseguró que además de la posible sanción a los bancos involucrados, también debe investigarse a los funcionarios públicos que permitieron estas prácticas. Por ello enfatizó en la importancia de que el Poder Legislativo respalde este tipo de investigaciones para dar fin a prácticas que perjudiquen la economía del país.