- Sin prisa para enjuiciar al exgobernador Arturo Núñez Jiménez
- Están por aprobar su cuenta pública del 2018
- Por Alfredo Camacho Lara
RedFinancieraMX
Mucho ruido y pocas nueces en torno a las cuentas públicas de la pasada administración, que malamente encabezó “El Pingüino” Arturo Núñez Jiménez.
Está en el aire que hubo saqueo inmisericorde a las cuentas públicas del Estado, por parte de los funcionarios salientes de ese régimen, pero no se ve que a la presente administración, la de Adán Augusto López Hernández, le preocupe mucho entrar al fondo del caso.
Ha habido acusaciones contra Núñez Jiménez y sus secuaces, principalmente contra el exsecretario de Finanzas Amet Ramos y de la esposa del ahora exgobernador, entre otros. Incluso se habla de la muerte de ese ex encargado del manejo de los dineros, pero no se sabe ni de su acta de defunción ni el lugar donde fue enterrado o incinerado. No se sabe de qué murió. Simplemente se publicó que falleció en la ciudad de México. Sin embargo ante ninguna evidencia del deceso hay quien ya señala que este mal funcionario vive en el Continente Europeo, gozando de los dineros mal habidos.
Esta semana para seguir en el ajo, nos dice Tabasco Hoy, que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) tiene en la mira a por lo menos siete ex funcionarios de la administración que encabezó Arturo Núñez, por presunto desvío o por no solventar un monto aproximado de 94 millones 500 mil 914.73 pesos en 2017.
Entre ellos, el diario publica que destacan los ex titulares de la Junta Estatal de Caminos (JEC), la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), los institutos Tecnológico de Comalcalco, y Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), además del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, asimismo la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
En el informe de resultados finales que es público en el portal del OSF, se establecen todas las observaciones que se hicieron a la cuenta pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, donde se deja de manifiesto que a todos los presuntos responsables se les dio derecho de audiencia durante todo 2018, sin embargo no pudieron solventarlas, por lo que ahora la Secretaría de la Función Pública deberá iniciar los procesos legales y resarcitorios.
CEAS, cuyo titular era Alejandro de la Fuente Godínez, tiene un monto observado de 28 millones 539 mil 73 pesos. En la JEC, cuyo titular era Roberto Ocaña, el desvío es de 21 millones 554 mil 763 pesos, en su mayoría por proyectos no ejecutados, gastos sin comprobar y salarios fuera de la ley. Otro organismo es el Instituto Tecnológico de Comalcalco, con un monto de 11 millones 307 mil 444 pesos y 76 centavos, por los que deberá responder el ex director Juan José Martínez Pérez.
El ITIFE, cuya titular en 2017 era María Estela Rosique Valenzuela, tiene observaciones por nueve millones 597 mil 387 pesos que no pudo solventar.
Finalmente el diario reporta que otra institución es el CECYTE y su director Andrés Peralta Rivera, tiene observaciones por siete millones 31 mil 876 pesos. También el ex titular de SOTOP, Luis Armando Priego, quien deberá responder por diez millones 238 mil 247 pesos.
Por cierto, el dirigente estatal del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, al puntualizar los atropellos económicos que sufrió la entidad durante el periodo 2012-2018, señaló que el Congreso del estado no debe aprobar la cuenta pública 2018 del Poder Ejecutivo
Hizo un llamado al gobierno del estado a la congruencia para castigar con cárcel a los ex funcionarios de la pasada administración que junto con el ex mandatario saquearon Tabasco. “Se debe ejercitar acción penal contra quienes resulten responsables de desviar miles de millones de pesos injustificadamente del presupuesto en los rubros de salud, educación y desarrollo agropecuario, entre otros”.
Apuntalando la iniciativa del dirigente tricolor, el diputado Nicolás Bellizia Aboaf adelantó que su voto será por la reprobación de la cuenta pública 2018, año en que los funcionarios los nuñiestas acentuaron su rapiña
Bellizia dijo que su voto es independientemente del informe de resultados que entregué el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE).
Comentó que el último año de ese gobierno fue el peor de todo el sexenio de Núñez, hecho que ocasionó diversas protestas de ciudadanos y trabajadores del estado, por la falta de medicamentos en el Sector Salud, así como de pagos salariales.
Nicolás exige además que se conozca el destino de los 700 millones de pesos que contrató Núñez Jiménez para combatir la inseguridad. (Heraldo).
Como respuesta a la inquietud de los priistas, la diputada perredista Patricia Hernández Calderón sostuvo que su bancada votará conforme a lo que el Órgano Superior de Fiscalización dictamine, con base a pruebas.
Negó que con aprobar la cuenta pública 2018, del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, los diputados del PRD estén siendo cómplices de los supuestos delitos de la administración pasada.
Por cierto la diputada Patricia perteneció hasta 2015 a las filas del PRI, para luego brincar al Sol Azteca.