- No fue ratificado y reclama 3 millones de pesos más sueldos de 8 años
- Por Javier Bárcenas
RedFinancieraMX
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, informó que interpuso un recurso de revisión ente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como última instancia, para evitar el pago de más de tres millones de pesos que ordena un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, a favor de un magistrado que no fue ratificado en su cargo.
En conferencia de prensa, el senador explicó la historia de este hecho judicial atípico y relevante, que ha enfrentado durante ocho años la Cámara Alta, pues recientemente dijo a la legislatura llegó una sentencia del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Dicha sentencia ordena al Senado a pagar la cantidad de 3 millones 446 mil 77 pesos 17 centavos, al magistrado de nombre Juan Manuel Therán y Contreras, de Sala Regional de Justicia Administrativa, por no haber sido ratificado por el Senado para un nuevo periodo de 10 años, a partir del año 2011.
Dijo que este tema ha pasado por 4 legislaturas y por tres senados de la república; la segunda legislatura del sexenio de Felipe Calderón, las dos legislaturas de Enrique Peña Nieto y esta legislatura. Es un lago proceso por el cual hubo una propuesta del Ejecutivo para que fuera ratificado el Magistrado por un periodo de 10 años.
Martí Batres dijo que el senado en el ejercicio de sus atribuciones decidió llevar a cabo todo el procedimiento, y dentro de sus facultados en aquel entonces decidió no ratificar al magistrado Juan Manuel, quien se fue a un juicio de amparo y en posteriores procesos jurisdiccionales de revisión e incidentes dentro de los propios procesos judiciales.
El Poder Judicial a través de sus órganos ordenó al Senado reconsiderar la no ratificación del magistrado, posteriormente el Senado defendió su postura porque consideró que actuaba en lo correcto, a lo largo de los litigios.
El presidente del Senado señaló que en algún momento de reposición del procedimiento se citó al magistrado para comparecer y conocer sus puntos de vista y este no asistió a estos procesos, en dos ocasiones.
Ante la negativa del Senado de ratificarlo acudió nuevamente a instancias jurisdiccionales, se ordenó al Senado llevar a cabo el procedimiento a efecto de que, aún sin comparecencias, valorara las características el trabajo el perfil del magistrado. El senado de la republica repuso los procedimientos y nuevamente llevó a la determinación de no ratificar al magistrado.
Finalmente se llegó a la sentencia ejecutoriada que da fin al procedimiento, y en septiembre de 2018 el Juez Cuarto en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que el senado debería pagar al quejoso 4 millones 445 mil 947 con 99 centavos, por lo que el Senado apeló la determinación, ya que actuó bajo la base de sus ejercicios soberana.
Dicho ordenamiento es por supuestos daños y perjuicios que se causaron al magistrado y es una especia de indemnización calculada sobre la base de sueldos y prestaciones que dejaría de devengar en caso de no haber sido ratificado a pesar de que el magistrado nunca dejó de cobrar.
Señala Martí Batres, que el magistrado estuvo beneficiado de una suspensión que le permitió seguir cobrando en este proceso.
Explicó que dos áreas jurídicas de la Mesa Directiva; a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva y a la Secretaría Parlamentaria del Senado, trabajan en el caso, por lo que se recurrió a la SCJN, ante quienes se argumenta la imposibilidad jurídica, pero también la voluntad del Senado de acatar la decisión final que tome el Poder Judicial de la Federación, “pero estamos pidiendo a la Corte revisar el tema”.
En este caso se ha designado al Juan Luis González Alcántara y Carranca, para revisar el tema es injusto que se ordene el pago de una indemnización por una decisión que estuvo debidamente fundamentada.
Además el propio Poder Judicial reconoció que el Senado había cumplido con las determinaciones que se le habían hecho por parte del Poder Judicial. Nos parece, en tercer lugar, que sería un muy mal precedente que ocurrieran casos así en lo sucesivo.
Ahora, en cuanto a otros amparos, ha habido otros amparos, ha habido otros procesos jurisdiccionales, pero no tenemos conocimiento de que haya un antecedente de una resolución judicial para indemnizar a un magistrado no ratificado.
Batres Guadarrama también destacó que el magistrado estuvo cobrando durante todos estos años del juicio, pues obtuvo una suspensión para evitar que dejara de pagársele como magistrado los ocho años.
“O sea, él se benefició de esta suspensión y en el 2017, cuando ya va a preparar su jubilación, entonces él renuncia a esta suspensión y prepara su jubilación y al mismo tiempo promueve un incidente dentro del juicio que se está llevando a cabo para lograr esta indemnización”, señaló el senador.