- La lotería Nacional sin asistencia pública y con mil tranzas
- Paga el gobierno $15 mil 400 millones al año por servicios privados para 8 penales
- S&P también mueve perspectiva a empresas y bancos mexicanos
- La medida incluye a la Comisión Federal de Electricidad
- Por Crescencio Cárdenas Ayllón
RedFinancieraMX
Miren ustedes respetado lectores que el asunto de lo que ocurre en la Lotería Nacional empieza a llamar la atención debido a que las autoridades competentes no hacen caso ni resisan la situación tan deprimente que se ha puesto en marcha sobre esa institución afectando las remuneraciones de los empleados y trabajadores sin miramientos d ninguna clase y cobijándose con las acciones que lleva a cabo el Presidente en diferentes áreas del gobierno federal y que son copiadas por funcionarios oficiosos.
De acuerdo a la publicación Ciudad Perdida del martes 5 del presente en el diario La Jornada Miguel Ángel Velázquez comenta que si alguien supone que en la Lotería Nacional sólo juega la suerte, podemos decirle que está absolutamente equivocado y que la institución se convirtió desde hace tiempo en una cueva de ladrones, donde lo de menos era la fortuna.
Para empezar, la nueva administración se halló con que los boletos de la Lotería Nacional que no se vendían eran custodiados por grupos que se dedicaban a esconderlos hasta después de pasado el sorteo para escoger aquellos que tuvieran premio. Los únicos que no se cobraban eran los reintegros, comenta uno de los nuevos directivos de esa institución.
Los funcionarios del organismo cobraban muy buenos dividendos sin arriesgar ni hacer caso a su suerte. Se dice que muy pronto se anunciarán nuevos derroteros para esa institución para la asistencia pública. No sólo las denuncias, sino también el proyecto de fusionar todas las entidades dedicadas al juego en una sola en la que la suerte deberán tener preponderancia.
Hoy, las nuevas autoridades están más que espantadas: también se encontraron con un sindicato que más que proteger al trabajador alimenta a los líderes que, por ejemplo, aunque ya estén jubilados, reciben un jugoso bono de fin de año. en, el asunto es que no hay lugar en la administración o en los gobiernos de la República donde la corrupción no exista, donde se pisa salta un hecho de ese tipo y ahora en la Lotería Nacional, a decir verdad aún no se ve el fondo en este teje y maneje de ¿la suerte?
Y bueno para no soltar el hilo de la corrupción y los males añejos que recibió de jugosa herencia el Presidente Andrés Manuel es la enorme cantidad de dinero que se paga en ocho penales federales del país y que asciende a 15 mil 400 millones de pesos al año, 70 por ciento de su presupuesto Por todo lo que Va saliendo y saltando a las manos del actual presidente del país se die con certeza “México es un enfermo en cuidados intensivos. Por donde le aprietan sale la pus”
Así el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs) destina 15 mil 400 millones de pesos al año, 70 por ciento de su presupuesto, para pagar a las empresas que construyeron y se encargan de los servicios de ocho penales federales, por lo cual la dependencia revisará los contratos.
Bajo el esquema de contrato de prestación de servicios (CSP) se dieron convenios por adjudicación directa en 2010 a empresas para la construcción, equipamiento y operación de ocho centros penitenciarios con vigencia hasta 2032. A decir de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Oadprs, se privatizaron los servicios en esos penales que “comprometen la vida de otros gobiernos”, ya que es “como si compraras una deuda”.
Con 30 por ciento que queda del presupuesto, el órgano debe destinarlos a los otros penales federales de los que se encarga directamente; sin embargo, ahí también hay una deuda con la empresa que obtuvo la concesión para encargarse de los alimentos.
Debemos mil 800 millones de pesos a una empresa; no conozco una razón social que pueda tener el financiamiento de esa cantidad. Si la empresa me dice mañana se terminó, yo no tendría la capacidad de dar de comer [a los internos] y tendría que sacar recursos de Hacienda y poner un plan emergente para que custodios y personal penitenciario hicieran la comida inmediatamente, advierte.
También comentó que el gobierno de Felipe Calderón comenzó la privatización de los penales, pero el problema no lo ve en sí en la participación de empresas, “sino en contratos que en mi visión son leoninos, porque no reúnen la menor ética de una empresa seria”, que invierta para poder sustentar empleos o inversión y que los CPS proporcionan todos los servicios, así lo indica el contrato por 22 años, y el órgano administrativo atiende la seguridad y la gobernabilidad.
Estos son: Cefereso 11 (Sonora), 12 (Guanajuato –los primeros que iniciaron actividad en 2012–, 13 (Oaxaca); 14 (Durango), 15 (Chiapas), 16 Femenil Morelos, 17 (Michoacán) y 18 (Coahuila).
“Ellos construyeron la cárcel, construyeron el hotel y dan los servicios de ese hotel; nosotros llevamos a los huéspedes y tenemos que pagar al dueño del hotel por huésped y ahí viene el jabón, agua caliente, camas, la limpieza… Esos son los CPS”, enfatiza. De encargarse el Oadprs de los servicios de en esos penales, el funcionario asegura que podrían ahorrarse hasta 50 por ciento de lo que pagan a las empresas. “Vamos a revisar los contratos, platicar con los empresarios y decirles que no es posible, son leoninos los contratos”.
Sobre la empresa La Cosmopolitana, encargada de la comida en los otros penales federales que tiene el Oadprs, indica que el problema está en que se paga el total de la capacidad de los centros federales, 22 mil 800 internos; sin embargo, sólo entregan 17 mil 485, que es el total de población penitenciaria actual.
“Está en manos del Presidente que se indague”, subraya luego de comentar que erogan casi 3 mil millones de pesos al año por los Ceferesos de los que ellos se hacen cargo.
Sigue la daza de los millones y la negativa para tener confianza en México. Standard and Poor’s (S&P) decidió ayer mover de “estable” a “negativa” la perspectiva de calificación de la deuda emitida por varias de las principales empresas y entidades financieras del país, para adecuarla al cambio que, en el mismo sentido, hizo el viernes pasado respecto de los pasivos del gobierno mexicano.
Las empresas afectadas por el cambio fueron: Comisión Federal de Electricidad, América Móvil, operadora de Teléfonos de México y Telcel, así como una de las principales empleadoras del país; Coca-Cola Femsa, la mayor embotelladora en México, y la cadena de tiendas Liverpool.
La calificadora también modificó a “negativa” la perspectiva de la deuda emitida por 77 entidades bancarias y siete aseguradoras, entre ellas todos los bancos de desarrollo (Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco del Ejército y Fuerza Aérea y Bansefi, entre otros), así como de instituciones privadas, como BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, HSBC, Inbursa y Scotiabank.
Un cambio de perspectiva de la deuda significa que, en una próxima revisión, existe una alta probabilidad de que ocurra una baja en la calificación, lo que, de ocurrir, encarece el costo que pagan el gobierno o las empresas para financiar la deuda ya contratada y de las nuevas emisiones. El mayor costo reduce los recursos disponibles para inversión o, en algunos casos, se traslada a los consumidores.
La decisión de S&P respecto de las empresas y bancos es resultado de que, el viernes pasado, pasó a “negativa” la perspectiva de calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano, al identificar riesgos de desequilibrio fiscal y menor crecimiento por el incremento de la deuda en Petróleos Mexicanos y la caída en la inversión por parte de esa empresa, cuyos pasivos están avalados por el Estado.
“Existe un riesgo de que persista un crecimiento económico débil, lo que afectaría la resiliencia económica del país y complicaría las condiciones operativas para las instituciones financieras locales”, afirmó ayer la calificadora.
Por lo demás, creo que todos estamos bien.