- La determinación judicial fortalece la actuación institucional del Gobierno Municipal y confirma el Auto de No Vinculación a Proceso emitido dentro del procedimiento iniciado en 2022
Red Financiera
SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.— Después de un proceso jurídico que se prolongó por varios años, las instancias judiciales confirmaron la resolución favorable al presidente municipal Mauricio Trejo Pureco y a diversos servidores públicos municipales dentro del denominado caso de los turibuses.
La determinación confirma el Auto de No Vinculación a Proceso previamente emitido por la autoridad judicial, con lo que concluye uno de los asuntos jurídicos que mayor atención pública generó desde 2022, cuando el Gobierno Municipal emprendió acciones para regular la operación del transporte turístico en el Centro Histórico de San Miguel de Allende.
Las medidas implementadas por la administración municipal respondieron a criterios de movilidad, seguridad vial, orden urbano y protección del patrimonio histórico de la ciudad, reconocida internacionalmente como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Durante el desarrollo del conflicto, algunos prestadores de servicios turísticos promovieron denuncias al considerar que las acciones municipales constituían abuso de autoridad. Sin embargo, tras el análisis realizado por las autoridades jurisdiccionales, la resolución confirmó que no existían elementos para sujetar a proceso penal a los servidores públicos involucrados.
Para el Gobierno Municipal, la resolución representa un reconocimiento a la legalidad de las decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales para regular el uso del espacio público y garantizar una adecuada convivencia entre la actividad turística y la vida cotidiana de la ciudad.
La administración municipal reiteró que el propósito de las medidas nunca fue afectar la actividad económica relacionada con el turismo, sino fortalecer el orden urbano, mejorar las condiciones de movilidad y preservar la imagen de uno de los principales destinos turísticos del país.
Asimismo, señaló que el caso constituye un precedente relevante para los gobiernos municipales, al demostrar que el ejercicio responsable de la autoridad puede sostenerse jurídicamente cuando las decisiones se encuentran debidamente fundadas y motivadas.
Con esta resolución, el Gobierno Municipal considera concluida esta etapa jurídica y refrenda su compromiso de seguir tomando decisiones orientadas a proteger el interés público, la seguridad, la movilidad y el patrimonio histórico de San Miguel de Allende.