- Vamos a ir por ustedes y se van a arrepentir, quienes no cooperen y faciliten las operaciones de los cárteles, espeta Sara Carter, zarina antidrogas de EU
- Ningún rango está fuera, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas, dice Terrance Cole, jefe de la DEA
Red Financiera
La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump mantendrá la presión no sólo contra las organizaciones criminales, sino también contra funcionarios y actores políticos que faciliten o protejan las operaciones de los cárteles.
En una entrevista con Jan Jekielek para el programa American Thought Leaders, Carter aseguró que las autoridades de su país continuarán investigando y actuando contra personas que faciliten las operaciones de los cárteles.
“Si no cooperas con nosotros, vamos por ustedes y se van a arrepentir”, subrayó la funcionaria al referirse a personas que han favorecido las actividades de organizaciones criminales.
Carter sostuvo que la estrategia de Washington busca desmantelar tanto las estructuras operativas como las redes financieras y de protección política que permiten el funcionamiento del narcotráfico.
“Y, por cierto, haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo en México, apuntando incluso a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles y que les han facilitado operar; obteniendo órdenes contra ellos y trabajando estrechamente con nuestras contrapartes”, declaró la funcionaria estadounidense.
Aseguró que Estados Unidos trabaja para cortar el financiamiento de estas organizaciones y advirtió que el objetivo es impedir que mantengan capacidad operativa. “Hay que seguir el dinero y quitarles el dinero”, dijo al señalar que los grupos criminales dependen de sus recursos económicos para sostener sus estructuras.
Carter reconoció la cooperación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de intercambio de inteligencia y operaciones de seguridad. Resaltó que su gobierno ha observado “progresos significativos” mediante acciones coordinadas con autoridades mexicanas y mencionó particularmente operaciones dirigidas contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La directora de la ONDCP afirmó que el intercambio de información permitió acciones más rápidas sobre objetivos considerados prioritarios y aseguró que la coordinación actual con autoridades mexicanas representa un nivel de colaboración que, a su juicio, no se había visto anteriormente.
Carter habló sobre los llamados megatúneles utilizados para el tráfico transfronterizo y señaló que los grupos criminales han desarrollado infraestructura cada vez más sofisticada para mover drogas y personas hacia territorio estadunidense.
Describió que dichas construcciones son sistemas complejos que requieren maquinaria, ventilación y mecanismos internos de transporte, pero sostuvo que las agencias estadunidenses mantienen operaciones permanentes para localizar y desmantelar esas rutas.
Además, añadió que la estrategia antidrogas con el combate al tráfico de fentanilo y sostuvo que Washington busca vigilar toda la cadena de suministro, incluidos los precursores químicos que ingresan desde el extranjero.
El posicionamiento de Carter ocurre en medio de la controversia provocada por las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios, señalados de presuntamente favorecer a la facción conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.
La funcionaria aseguró que diversos gobiernos han optado por colaborar debido a que consideran reales las advertencias de Washington respecto a posibles consecuencias para quienes se nieguen a participar en los esfuerzos conjuntos de seguridad.
Mientras avanzan las investigaciones, algunos de los exfuncionarios señalados han comenzado a enfrentar procesos legales en territorio estadounidense.
LA DEA REITERA ADVERTENCIAS
Por su lado, Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que “la muerte de Héctor “Niño” Guerrero, en un bombardeo en Venezuela, supone un importante revés para Tren de Aragua y un recordatorio de que los líderes criminales no pueden escapar de la justicia”.
Y agregó: “Creía que podía escapar del alcance de las fuerzas del orden desde un refugio seguro. Estaba equivocado”, en referencia al líder del Tren de Aragua, grupo criminal también catalogado por EU como terrorista:
En su cuenta digital, el jefe de la DEA señaló que dicha agencia y sus socios continuarán persiguiendo con firmeza a los cárteles terroristas designados y a sus líderes dondequiera que operen.
Y fue contundente: “Ningún rango está fuera de su alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas. La presión constante sobre estas organizaciones criminales debilita su capacidad para traficar drogas letales, propagar la violencia y amenazar la seguridad de nuestras comunidades”.
JAMES MCDONALD SERÁ EL NUEVO FISCAL DE NY
El presidente Donald Trum anunció que designará a James McDonald para encabezar la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que investiga al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El mandatario estadounidense mencionó que le dará el puesto al sustituto de Jay Clayton, quien pasará al puesto de Director de Inteligencia Nacional
McDonald es actualmente socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell; fue asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., y es un “distinguido graduado” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y de Harvard.
El Distrito Sur de Nueva York (SDNY, en inglés) se encarga de casos de alto perfil como el del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al que acusó en enero pasado de cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.
Además, el SDNY lleva otros casos relacionados con el narcotráfico, como el del gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista, Rubén Rocha Moya, o el del exdirector de la principal agencia antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, condenado en marzo a veinticinco años de prisión.
MÉXICO Y EU PONEN EL MARCHA EL BIG
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron profundizar su coordinación en materia de seguridad mediante la puesta en marcha del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), un nuevo mecanismo de trabajo que busca acelerar la cooperación entre ambas naciones y traducirla en resultados concretos en el combate al narcotráfico, el tráfico de armas, la migración irregular y las organizaciones criminales transnacionales.
Los acuerdos fueron anunciados el fin de semana tras una reunión sostenida en la embajada de Estados Unidos en México, en la que participó el Secretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto con representantes del gobierno estadounidense encabezados por el embajador Ron Johnson.
Johnson aseguró que el nuevo esquema representa una nueva etapa en la relación bilateral en materia de seguridad y destacó que permitirá fortalecer la coordinación permanente entre instituciones de ambos países.
De acuerdo con el diplomático, el Grupo Bilateral de Implementación estará integrado por representantes de 15 agencias del gobierno estadounidense y sus contrapartes mexicanas, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de metas específicas y evaluar resultados medibles en distintos ámbitos de la cooperación.
La creación del mecanismo ocurre en un momento en que la seguridad fronteriza, el tráfico de fentanilo y la actuación de organizaciones criminales transnacionales ocupan un lugar central en la agenda de ambos gobiernos.
Según el embajador, la estrategia conjunta impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum contempla acciones coordinadas para frenar el flujo de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense, combatir el tráfico ilegal de armas, desarticular redes criminales y enfrentar esquemas de financiamiento ilícito.
El funcionario estadounidense sostuvo que la cooperación también busca fortalecer la vigilancia fronteriza, combatir la trata de personas, contener la migración irregular y enfrentar nuevas amenazas mediante el uso de tecnologías avanzadas y herramientas de inteligencia.
Uno de los aspectos más relevantes del balance presentado por Washington fue la exposición de resultados que, según el gobierno estadounidense, ya se han alcanzado gracias a la coordinación binacional.
Entre las cifras destacadas se encuentra una reducción superior al 95 por ciento en el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos. Asimismo, se reportó una disminución del 35 por ciento en las muertes por sobredosis registradas en territorio estadounidense, fenómeno estrechamente relacionado con el tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas.
En el caso mexicano, el gobierno estadounidense reconoció los aseguramientos efectuados por las autoridades nacionales durante los últimos meses. De acuerdo con los datos difundidos por la Embajada, México ha decomisado más de 400 toneladas métricas de drogas y ha desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de narcóticos.
Washington también destacó las acciones emprendidas dentro de su propio territorio para frenar el tráfico de armamento hacia México. Según el informe, las autoridades estadounidenses han confiscado más de 36 mil armas de fuego ilegales, incluidas miles que presuntamente estaban destinadas a organizaciones criminales mexicanas.
La cooperación en materia de seguridad entre ambos países ha atravesado diversas etapas durante las últimas décadas. En años recientes, las autoridades mexicanas insistieron en la necesidad de que Estados Unidos asuma una mayor responsabilidad en el combate al tráfico de armas y al consumo de drogas, mientras que Washington ha solicitado mayores esfuerzos para contener la producción y distribución de fentanilo.