- Quiere pasar la entidad bajo autoridad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
- El defensor del ciudadano ante el Fisco federal quedaría desportegido ante el SAT
Red Financiera
La presidenta Claudia Sheinbaum busca incorporar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, eliminando su autonomía y poniéndola a disposición del Poder Ejecutivo Federal.
Este cambio implica un evidente conflicto de interés, ya que el defensor del ciudadano formará parte del mismo gobierno que recauda los impuestos.
Esto reduce drásticamente la imparcialidad del organismo, debilita la certidumbre jurídica para las empresas y eleva el riesgo operativo para los contribuyentes, quienes pierden el respaldo de un mediador neutral e independiente frente a las auditorías y actos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Este tipo de medidas debilita el Estado de derecho y la gobernanza, factores que afectan las decisiones de inversión y el crecimiento económico.

