- Los diques de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión
- Por Gerardo Flores Ledesma
RedFinanciera
ES NOTABLE el aumento que ha tenido el rechazo a los cambios que pretende hacer el gobierno y el Poder Legislativo a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Desde que iniciaron los conversatorios hay mayor información sobre el mercado de telecomunicaciones en México, que requiere de competencia, innovación, reglas claras y equitativas que fomenten la inversión y que a los mexicanos les deje mayor nivel de conectividad.
En evidente que muchos legisladores ni siquiera saben del tema y que, llegado el caso, sólo votarán por consigna una iniciativa de Ley que ya está acusada de inconsistencias constitucionales y violaciones a tratados internacionales, afectando la competencia, la privacidad, la regulación del espectro y el acceso a plataformas digitales.
La dichosa iniciativa, como está presentada, violenta el marco normativo; provocaría un escenario de nula competencia y opacidad, lo que violaría derechos fundamentales.
México ha avanzado en telecomunicaciones y radiodifusión desde que se abrió el mercado y se hizo la primera llamada de larga distancia en beneficio de los usuarios. La radio y la televisión sufrieron un cambio profundo al permitir voces más críticas y la apertura de espacios a partidos políticos, lo que fortaleció la libertad de expresión. También llegaron las páginas de internet, de los cuales más de 2 mil 500 son sitios de noticias, y las plataformas digitales de toda índole crecieron de manera importante hasta alcanza la suma de casi un millón al cierre de 2024.
Con el nuevo texto, sobre todo en materia de espectro radioeléctrico, contraprestaciones y favores inclinados a lado del gobierno, podría dejar a radiodifusores y empresas de TV a merced del régimen, ya que tendrían que pagar más, competir con las empresas gubernamentales, y estarían obligadas a dar más tiempo aire, incluso en horarios estelares, a los partidos políticos, sobre todo a Morena que domina el mosaico político nacional.
Las plataformas digitales y con ello los medios de comunicación podrán ser sometidos a un control estatal que sólo se observa en las dictaduras, como Venezuela o China, en donde les pueden bajar el switch a quien no sea amigable o afín a las ideas de la marca en el poder.
El panorama que se observa es complicado, porque muchas estaciones de radio y TV podrán perder sus concesiones al dejar de ser negocio o tendrían que convertirse en esbirros del poder en turno. Los diarios digitales sufrirían la misma suerte en un mercado donde el gobierno los puede eliminar su derecho de operación.
Ya está claro que el gobierno quiere desarrollar la tecnología de quinta generación que ya se encuentra en etapa de maduración a nivel mundial, en 5.5G o 5G Advanced, pero no lo logrará si le otorga todas las facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la eliminación de los organismos autónomos. Así, sólo se acotó la transparencia y participación ciudadana.
Si se impone el capricho presidencial y legislativo para acallar a quien no me caiga bien u obligarlo a salir del mercado porque no se plegó al sometimiento, crecerán los riesgos que conlleva la cuestionable iniciativa de ley. Por ejemplo, es peligroso que se afecte la privacidad y seguridad de los usuarios con el acceso de la autoridad a un registro de usuarios sin controles judiciales.
Lo más grave de todo es la censura digital que pueden nacer con esta ley que otorgaría a la autoridad el absoluto ejercicio de bloquear a las plataformas digitales por cualquier acusación.
Un punto también grave es que la nueva ley el desequilibrio regulatorio y violación al T-MEC, porque la nueva iniciativa propone eximir a entidades públicas con concesiones comerciales de las obligaciones regulatorias aplicables a privados, y permitir la asignación directa de espectro para uso comercial sin licitación, lo que de entrada viola el artículo 28 constitucional y comprometen el cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC, al generar un trato preferencial injustificado y la competencia.
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