- Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Jalisco son las entidades que registraron más atrocidades
RedFinanciera
En el informe 2024 del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, Causa en Común reveló que, de enero a diciembre de 2024, se cometieron en el país, al menos, 4,708 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Entre los hallazgos del estudio destaca que:
Durante el periodo se registraron al menos 1,186 casos de asesinatos con asesinatos con tortura, 652 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres, 505 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 442 masacres.
En promedio se registraron 12 atrocidades y 24 víctimas al día para un total de 8,960 víctimas de alguna atrocidad durante el periodo. Por tipo de atrocidad, en promedio se registró una masacre al día, 1.7 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y 3.2 casos de asesinatos con tortura.
El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se registró en el país con, al menos, 505 casos; un promedio de 9.7 casos cada semana. De igual forma se acumularon, al menos, 224 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 18 casos al mes.
Los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las cinco entidades en donde ocurrieron más atrocidades durante el periodo fueron: Guanajuato (425), Guerrero (379), Jalisco (344) y Sinaloa (328). Al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.
Para abordar estas tragedias, Causa en Común propone:
Que cada ciudadano y cada comunidad tienen la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
Dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica a las víctimas de atrocidades.
Financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa el país.
Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.