- Actualmente, 8 de las 32 entidades cobran este impuesto
- Desde 2014, la recaudación por tenencia bajó 43.7% y el parque vehicular creció 118%
RedFinanciera
Desde que la tenencia pasó a ser un impuesto estatal, algunas entidades optaron por no cobrarlo: actualmente sólo 8 estados cobran este impuesto con un subsidio menor al 100%. Además, desde 2014 la recaudación por tenencia ha disminuido 43.7%, a pesar de que el parque vehicular creció 118% a nivel nacional desde 2007.
En el documento “Rediseño del impuesto a la tenencia. Potencial recaudatorio y progresividad”, el CIEP estima que, el rediseño de este impuesto permitiría una recaudación de 124 mil 984.4 mdp, lo que representaría un aumento del 4% en los ingresos propios de las entidades federativas y, a la vez, reducir la dependencia de los recursos federales en un 3.4%.
Esta estimación se plantea bajo el supuesto de que la tenencia se convierta en un gravamen homogéneo en todo el país, recaudado y administrado por los estados. El rediseño contempla incluir criterios de progresividad como el valor del vehículo; componentes ambientales que penalicen vehículos con mayores emisiones de gases de efecto invernadero; así como gravar a los vehículos que ocupen mayor espacio en la infraestructura vial.
El rediseño de la tenencia debe estar acompañado de un registro vehicular nacional, actualizado y homologado que permita una correcta aplicación de este impuesto, ya que en México carece de un parque vehicular que permita identificar los registros por entidad federativa.
Con lo anterior, el CIEP refiere que no es necesario crear nuevos impuestos para fortalecer los ingresos de los gobiernos subnacionales, sino aprovechar los existentes (como la tenencia) que, además, han mostrado ser una fuente importante y estable de recursos.
El rediseño de la tenencia no solo reforzaría las finanzas públicas subnacionales, sino que también incentivaría una transición hacia una movilidad más sostenible. Al aplicar un gravamen progresivo a los vehículos más contaminantes y a aquellos que demandan mayor uso de la infraestructura vial, se incentiva el uso responsable de los recursos públicos y ambientales. Los ingresos obtenidos podrían destinarse a inversiones clave, como el desarrollo de transporte público sostenible.