- ¡CUÍDATE PENILEY, PUSISTE EN EVIDENCIA A PABLO GÓMEZ!
- Por Francisco X. Salazar S.
RedFinanciera
En este momento en México hay una acalorada discusión ya que el presidente López ha ordenado a su partido Morena que promueva una Iniciativa para modificar la legislación sobre el Poder Judicial. El presidente justifica su pretensión argumentando que el Poder Judicial está podrido, que hay una gran corrupción y que cuesta mucho dinero.
Para apoyar su intención mandó hacer unas encuestas patito en las que (¡oh sorpresa!) del 77 al 85% de las respuestas son coincidentes con su idea. Pero muchos sospechamos que en realidad lo que el presidente López quiere es controlar el Poder Judicial, porque es de sobra sabido que no le gustan los contrapesos a su voluntad. No le gusta la idea democrática de que el poder del Estado se divida en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Él es el Poder Ejecutivo (por unos pocos días más). Ya controla el Poder Legislativo, puesto que en la elección del 2 de junio pasado su partido Morena ganó amplia mayoría en ambas Cámaras. Ahora quiere controlar al Judicial. Por lo mismo, a López tampoco le gustan los organismos autónomos, como el INE (ya no tan autónomo), el INAI, el IFT, la Cofece, y otros, porque no los controla.
Hay quienes piensan que lo hace para vengarse de la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, porque le molestó mucho que en una ceremonia oficial ella no se hubiera puesto de pie a la entrada del presidente López. La verdad se me haría demasiada bajeza que lo hiciera por venganza, pero ya no me extrañan muchas cosas del actual gobierno.
Para controlar el Poder Judicial el presidente López quiere que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos en votaciones tal como se hace para los ejecutivos a nivel federal, estatal o municipal. En todo el mundo solo hay un país en donde se eligen así los jueces, magistrados y ministros: Bolivia, desde 2009. Y ha sido un desastre: se han politizado los nombramientos, en unos procesos están paralizados y han entrado en crisis. La corrupción sigue igual o peor. Ya quieren regresar al sistema anterior de jueces de carrera.
Lo que es evidente es que si Morena logra que se apruebe la iniciativa de López, los elegidos no van a ser los más capaces, sino los que consigan más dinero, tal como sucede en todas las votaciones populares. Y en México los que tienen dinero para eso son los narcos y el Gobierno. Así, los elegidos no podrán ser independientes. Serán manejados por el crimen o por el Poder Ejecutivo. Y AMLO lograría su sueño: controlar todo el poder.
¿Su sucesora tendrá las mismas intenciones o evitará caer en la tentación del totalitarismo?
Pero me gustaría comentar sobre lo que ocurre en realidad en el sistema de justicia que tiene tres elementos: el acusador o fiscal, el defensor y el juez. Los tres operan con muchas deficiencias. Los defensores de oficio, los que debería poner gratuitamente el Gobierno, son unos cuantos y tienen demasiado trabajo. No funcionan. Por lo tanto hay que recurrir a abogados particulares, que generalmente solo estarán accesibles a los que pueden pagar mucho dinero.
Los fiscales o procuradores de justicia, o sea los que acusan, los que deben presentar las pruebas y los elementos legales para hacer sus acusaciones, son el verdadero desastre. Para ejemplo basta el caso del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, que se hizo famoso por encarcelar a su cuñada y a sus parientes, mientras los corruptos y los narcos viven sin preocupación alguna. Pero, en general, el sistema de procuración de justicia falla por los expedientes mal armados y por la falta de pruebas, porque no se fundamentan las acusaciones o no tienen testigos ni peritos. Y con un mal expediente, los jueces les rechazan muchos casos (también sucede que quienes de manera intencional arman mal los expedientes y cobran por ello).
Así que si el presidente López quisiera en realidad corregir el sistema de justicia, debería empezar por la FGR. Ahí hay mucha corrupción, están podridos, son un fracaso y también cuestan mucho dinero. Y los ha nombrado el presidente o el fiscal.
POTOSINOS ENCHILADOS
+ Circula en redes una brillante idea: que al Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Don Pablo Gómez Álvarez, que se encuentra internado en el Hospital Siglo XXI, sea atendido por un médico elegido por voto popular, ya que el pueblo bueno y sabio nunca se equivoca. Sería muy elitista que sea un médico con estudios en el extranjero y especialidades. Podría aplicarse el criterio del presidente López en referencia a la elección de jueces: que sea un recién egresado de la universidad, al cabo salen con mucho entusiasmo y frescura a ejercer su profesión. O que le manden un médico cubano…
+ Arremete el Papa Francisco contra la tentación de la ideología y el populismo. Criticó la polarización que divide a la sociedad y las acciones del populismo que “es como el flautista de Hamelin, seductor, pero que te llevan a negarte a ti mismo”. Y dio una definición magistral: “la Democracia debe ser un ordenamiento civil (civil, no militar, digo yo) en el que todas las fuerzas sociales, jurídicas y económicas cooperen para el bien común y en ventaja de las clases bajas”. ¿Dónde hemos visto que se utilizan los “libros de texto oficiales para ideologizar? ¿y en donde se usa el populismo (pan y circo) para comprar voluntades?
+Cae el empleo formal. Uno de los temas que menos le importan al gobierno del presidente López es el empleo formal. De hecho, en este rubro ha sido un fracaso. En mayo se perdieron 30,000 empleos formales y en junio 25,000. En diciembre de 2023 se perdieron 385,000 empleos formales y, a la fecha, en el primer semestre de este año solo se han recuperado 295,000. O sea que todavía faltan 90,000 para llegar a lo que teníamos en diciembre del año pasado.
Y en el mismo tiempo que lleva AMLO en el gobierno, con Enrique Peña Nieto se habían generado más del doble de los que ha generado AMLO: EPN: 4,928,000 empleos formales.
AMLO: 2,440, 000 empleos formales. Por eso están el 55% de los trabajadores de México en la informalidad. Sin derechos, ni prestaciones, ni condiciones de seguridad, ni afores, ni jubilación. En el desamparo.
El Gobierno no entiende que si quiere seguir aumentando el salario mínimo (lo que está bien), no puede dejar todo el peso del aumento a las pequeñas empresas. Hasta ahora el Gobierno no ha ayudado a las PYMES ni con más mínimo incentivo o apoyo.