- Por Alejandro Gamboa C.
RedFinanciera
Avanza lucha por la soberanía alimentaria: triunfo Jurídico contra el Glifosato
El glifosato, introducido por Monsanto en 1974, es el herbicida más utilizado en el mundo. Desde 1996, su uso ha crecido con la expansión de cultivos genéticamente modificados (GM) como maíz, algodón y soya, que toleran este químico. En México, se aplica en la agricultura industrial en cantidades que varían entre 1.5 y 4.3 kg/ha.
Preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el impacto del glifosato han aumentado debido a estudios que señalan sus posibles efectos adversos en la salud y el medio ambiente. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probable carcinógeno para humanos” (Grupo 2A) tras revisar cerca de mil estudios científicos que evidencian su genotoxicidad y capacidad para inducir estrés oxidativo. Esta clasificación fue respaldada por el Departamento de Salud de Estados Unidos en 2019 y la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato en 2020.
En México, la exposición al glifosato es común tanto en zonas rurales como urbanas. Un caso notable es el de la comunidad El Mentidero en Autlán, Jalisco, donde un análisis de orina de niños mostró que el 100% tenía rastros de glifosato. Además, estudios han detectado glifosato en fluidos humanos (leche materna, sangre y orina) de agricultores y sus familias, así como en productos alimenticios y de higiene.
El uso intensivo de glifosato y la expansión de los cultivos GM también plantean riesgos ecológicos, ya que el ácido aminometilfosfónico (AMPA) es persistente en el ambiente y tiene efectos negativos tanto en la salud humana como en la biodiversidad. Además, la actividad quelante del glifosato puede afectar la disponibilidad de nutrientes esenciales en las plantas y los organismos que dependen de ellas.
A pesar de estas preocupaciones, en México se otorgaron numerosas autorizaciones para el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). Entre 1995 y 2018, se emitieron 181 autorizaciones, principalmente para cultivos de maíz, algodón y soya. Aunque desde 2013 están suspendidos los permisos para la liberación al ambiente de maíz GM, las autorizaciones para consumo y utilización confinada siguen vigentes, permitiendo la importación y procesamiento de maíz GM para alimentos de consumo humano y animal.
En un comunicado reciente, el Gobierno de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) celebraron el cierre de uno de los juicios más relevantes en la lucha contra el uso de glifosato y maíz transgénico en el país.
La transnacional Monsanto Company desistió de su demanda contra el decreto presidencial de 2020, que busca eliminar gradualmente el uso de glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Este logro, descrito por Conahcyt como una victoria a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria, desató una avalancha de demandas de amparo presentadas por diversas empresas del sector agropecuario, con más de 30 juicios intentando declarar la inconstitucionalidad del decreto.
Sin embargo, la mayoría de estos juicios concluyeron sin favorecer a las empresas, permitiendo que el decreto se mantuviera en vigor hasta su reemplazo por uno nuevo en 2023, que reafirma las restricciones establecidas previamente.
En respuesta a las acciones legales de las empresas, Conahcyt presentó numerosos recursos legales, acompañados por peritajes de expertos en la materia. Esta defensa jurídica culminó el 25 de abril de 2023, cuando Monsanto decidió desistir del juicio, una decisión ratificada el 24 de junio del mismo año.
Aunque este caso específico se ha cerrado, persisten litigios tanto contra el decreto de 2020 como contra el decreto de 2023, actualmente en vigor. En este juicio, Conahcyt ha presentado cerca de 450 pruebas documentales que respaldan los argumentos científicos y jurídicos a favor de las medidas restrictivas sobre el glifosato y el maíz transgénico. En este contexto, la jueza Elizabeth Trejo Galán negó a Monsanto la suspensión provisional del decreto de 2023.
El comunicado publicado por Conahcyt subraya que Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares en daños punitivos y arreglos en más de 100 mil juicios en Estados Unidos, donde el glifosato ha sido vinculado con el desarrollo de cáncer. Además, destaca que durante el periodo neoliberal, Monsanto tuvo una fuerte influencia en la creación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), conocida popularmente como la “Ley Monsanto”, lo que permitió a la empresa obtener la mayoría de los permisos para la liberación al ambiente y la comercialización de OGM.
El gobierno mexicano y Conahcyt empujan investigaciones para detectar la presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz. Estas investigaciones buscan para identificar posibles rutas de dispersión y tomar acciones concretas que garanticen el derecho del pueblo mexicano a una alimentación saludable.
Referencias: Conahcyt. Seguridad Alimentaria y el Uso de Glifosato en México:
https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf