- A la violencia crónica que padece el país, el gobierno federal ha respondido con destrucción institucional y manipulación informativa
RedFinanciera
Como parte de su sabotaje contra la Comisión Nacional de Búsqueda y de su esmero más amplio por desinformar a la sociedad, el gobierno federal anunció, el pasado 14 de diciembre, que el Censo Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas pasa de 110,964 registros a 12,377. Esta mutilación, a cargo de funcionarios partidistas de la Secretaría del Bienestar, ignoró por completo la metodología del Protocolo Homologado de Búsqueda, no atendió el subregistro de casos denunciado por especialistas, y no tomó en cuenta, ni a las Comisiones Locales de Búsqueda ni a los colectivos de víctimas.
Es necesario recordar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tan sólo en 2022, 49 mil cadáveres o restos humanos permanecieron pendientes de ser identificados en las morgues de las fiscalías; a saber cuántos más se habrán acumulado desde entonces. Por otra parte, del 2020 a la fecha, Causa en Común ha documentado al menos 2,421 fosas clandestinas reportadas por medios de comunicación. Ante esto, la Fiscalía General de la República, aliada del Ejecutivo, no ha cumplido con su obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.
En México no sólo se mata, se descuartiza, se calcina y se desaparece todos los días (al respecto se puede consultar el trabajo de Causa en Común, “Galería del Horror”); no sólo el gobierno federal militariza esta inseguridad; no sólo recorta los fondos para las policías locales; y no sólo secuestra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que ahora busca nulificar a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Conforme se destruyen instituciones, al gobierno federal le estorban los reclamos y por ello debe llevar la mentira a extremos cada vez más vergonzosos. Causa en Común se suma al reclamo de familiares de personas desaparecidas y de colectivos de víctimas de todo el país, y subraya que lo que se presentó el 14 de diciembre no es un censo, sino la enésima constatación de una perversidad política en aumento.