- Urge ampliar la base de contribuyentes; muchos no pagan impuestos
- Si habrá alza en la tasa de ahorradores
- Por Gerardo Flores Ledesma
RedFinanciera
El sector empresarial insistió en la necesidad de aplicar acciones de carácter fiscal en 2024 para atender presiones de gasto en rubros de alta prioridad social, como salud, educación y seguridad pública, así como atender compromisos ineludibles como el pago de intereses y el subsidio a las pérdidas económicas que dejarán el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subraya la necesidad de diseñar una propuesta de reforma fiscal que aumente la base gravable -porque muchos no contribuyen- y los impuestos de manera justificada con propuestas sólidas y razonables de gasto adicional.
En su más reciente análisis, el CEESP advierte que el próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas con riesgos de insostenibilidad, sin márgenes de maniobra y con fragilidades.
Los empresarios difieren con las afirmaciones del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, acerca de que tendremos un déficit público sólo transitorio, porque será difícil reducir el déficit fiscal y detener el incremento de la deuda pública.
Agrega que la próxima administración tendrá que erogar cuantiosos recursos, pero también buscar mejor calidad y asignación de los mismos, así como aplicar una mejor planeación de la inversión y programas sociales concentrados en quienes más los necesitan y con incentivos a salir de la pobreza.
SI HABRÁ AUMENTO DE IMPUESTOS EN 2024
A pesar del anuncio del gobierno de la 4T en el sentido de que no habría nuevos impuestos ni aumento de los ya existentes, el sector privado aclaró que en la iniciativa de Ley de Ingresos 2024 sí propone un alza en la tasa de retención de ISR sobre intereses pagados por el sistema financiero y que se multiplique por diez, de 0.15% a 1.48% sobre el principal.
Dicho incremento, dice el CEESP, es significativo e inapropiado como política pública, porque afecta al ahorro, que sí es un proceso deseable para el país.
Sin embargo, desde el punto de vista económico, la propuesta de Hacienda es una doble imposición, ya que se grava al ingreso por el trabajo y también se obliga a pagar al fisco por el ahorro.
Para el CEESP, aplicar un impuesto al trabajo y otro al ahorro, es una medida regresiva.
Y añade: “Lo probable es que el impuesto se aplique totalmente a quienes tienen menores ingresos, ya que ellos son principalmente los que no presentan declaración fiscal, mientras que, quienes si la presentan, pueden acreditar la retención contra sus demás ingresos”.
QUÉ DEBE HACER EL PRÓXIMO GOBIERNO EN LO FISCAL
El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas sujetas a diversos riesgos de insostenibilidad, sin márgenes de maniobra (sin recursos precautorios) y fragilidades por parte de los ingresos públicos, así como un elevado déficit fiscal y fuertes compromisos y necesidades de gasto público en los tres órdenes de gobierno.
Las presiones de gasto para los próximos años se concentran en rubros de alta prioridad social y otros ineludibles.
Para 2024 será necesario: Recuperar la cobertura de la salud pública para 30.3 millones de personas que la perdieron entre 2018 y 2022; resolver diversos rezagos educativos parcialmente causados por ausencia de clases en la pandemia; recomponer el sistema de seguridad pública con estrategias claras y con recursos suficientes para la federación, los estados y los municipios; invertir en la infraestructura pública y su mantenimiento, que ha sufrido descuido; elevar el presupuesto para enfrentar los mayores gastos por servicio de la deuda y las pensiones, y mantener y avanzar en los programas sociales, preponderantemente en las pensiones para adultos mayores.
El CEESP advierte que tanto el AIFA, como Dos Bocas y el Tren Maya no han terminado de succionar recursos públicos, porque habrá que atender gastos de infraestructura de transporte, transmisión de electricidad y agua que han sido descuidadas.
Los gastos que este gobierno ha añadido a sus obras icónicas han sido compensados por menor gasto en educación, salud, seguridad, pandemia e infraestructura, y financiados con deuda pública.
Todo eso deja fuertes compromisos hacia adelante. Adicionalmente, habrá que subsidiar las pérdidas económicas que muy probablemente tendrán los proyectos del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya .
El CEESP advierte que “en vista de las presiones fiscales que se avizoran, al gobierno siguiente le será muy difícil reducir el déficit de las finanzas públicas y detener el incremento de la deuda pública, que, por cierto, será 59% mayor en esta administración según el programa oficial”.
Ante panorama, y con una recaudación de impuestos demasiado reducida, es inminente una reforma fiscal es inminente, en la que se incluyan diferentes formas de aumentar impuestos, pero sobre todo incorporar a muchos negocios y personas que no contribuyen fiscalmente o que no forman parte de la base tributaria.
Lo recomendable en cuanto a la tributación fiscal para el próximo gobierno es:
*Evitar el aumento de impuestos y más bien antes hacer lo necesario para ampliar la base gravable;
*Asegurar la tributación de quienes tradicionalmente han evadido o eludido los impuestos sobre la renta, en especial, proveedores de servicios -profesionales y otros-, y arrendadores de inmuebles, entre ellos, además de combatir de raíz la ilegalidad
*Buscar mayor eficiencia en la recaudación del IVA, con tecnologías para la comprobación y ordenamiento de las devoluciones (combate a la simulación y agilización de las legítimas), así como evaluar formas alternativas que pudieran ser más eficientes para su cobro.
*Reducir el uso de efectivo en la economía, ya que facilita la evasión. En un mes normal, el efectivo en circulación supera los 20,000 pesos por persona, cifra exorbitante a todas luces. Se podría limitar su uso para transacciones por arriba de ciertos montos a cambio de medios electrónicos o cheques nominativos;
*Fortalecer el impuesto predial. Un sistema más eficiente sería una fuente potencial de ingresos a nivel municipal y aliviaría presiones a la federación. Sería también un elemento de corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno. Con voluntad e incentivos adecuados, el predial sería un impuesto fácil de fiscalizar, progresivo, con pocas distorsiones y que empoderaría a los gobiernos locales.