- Se le requirió emitir una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y en su cuenta de Twitter
RedFinanciera
El TEPJF falló por unanimidad para inscribir a la gobernadora Layda Sansores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género tras denuncia de diputada federal.
En noviembre del 2022 el Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por mayoría de votos de los magistrados, declaró violencia política de género de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores Sanroman, por presumir dentro de su programa “Martes del Jaguar”, la existencia de fotografías íntimas de algunas diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Es la primera vez que se registraría en el Padrón Nacional a una gobernadora o gobernador, la mayoría de agresores de mujeres son del nivel municipal.
Layda Sansores, gobernadora en funciones, se vio envuelta en un escándalo debido a sus controvertidas declaraciones. Según se informó, sugirió que las diputadas priistas deberían enviar fotografías comprometedoras a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, como requisito para acceder a sus cargos. Estas afirmaciones provocaron un gran revuelo y fueron ampliamente difundidas por diversos medios de comunicación.
Ante esta situación, una diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral, argumentando que las expresiones de Sansores excedían los límites de la libre expresión y constituían un claro caso de violencia política de género.
El Tribunal, tras evaluar el caso, exhortó que las declaraciones de la gobernadora afectaran los derechos político-electorales de las diputadas federales del PRI, ya que interferían en el goce y ejercicio del cargo para los cuales fueron elegidos, en un contexto marcado por la violencia política de género.
Como consecuencia de esta resolución, se emitió una orden dirigida a Layda Sansores, en la cual se le exigía eliminar todas las publicaciones en las que se difundiera el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales personales como en las del gobierno del estado.
Además, se le requirió abstenerse de hacer comentarios de referencias a las fotografías de las diputadas y se le requirió emitir una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y en su cuenta de Twitter.
La Sala Superior, máxima instancia del Tribunal Electoral, en una sesión pública presencial ya propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, subrayó la importancia de que las empresas responsables de las redes sociales asuman su responsabilidad en la prevención y atención de casos de violencia política de género.
En este sentido, se prolongará que la empresa Meta, propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, debería ampliar sus políticas para detectar, eliminar y reportar los casos de violencia política de género, con el objetivo de denunciarlos o, en su caso, coadyuvar en el seguimiento de las denuncias. Además, se establecerá que una vez que se implementen estas políticas, se deberá realizar una divulgación pública para informar a los usuarios.
Esta decisión de la Sala Superior refuerza la importancia de proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como de combatir la violencia política de género en el ámbito público. Al exigir a la gobernadora ya las empresas responsables de las redes sociales tomar acciones concretas para prevenir y abordar este tipo de violencia, se busca sentar un precedente importante para promover un ambiente político más inclusivo y respetuoso en México.
Es fundamental que tanto los representantes públicos como las plataformas digitales asuman su responsabilidad en la erradicación de la violencia política de género, garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos de todas las personas, sin importar su género.