- Hacia la conmemoración de los 500 años de la conformación de un cabildo
- Por Emiliano Carrillo Carrasco
RedFinancieraMX
Un pasado histórico común de mi país, inmerso a las acciones o inacciones del poder de elites o en su cada la estructura orgánica sin sustento ciudadano y ha propiciado la devastación de un país polarizado y agraviado, lo más grave el rencor entre pobres y ricos. En la conquista española en 1521 al reinado de los aztecas por Hernán Cortes. La transformación de una cultura basta ante una cultura de depredación e ignorancia a una iglesia en nombre de dios impusieron su religión, de los cuales muchos nobles de la cultura azteca los bautizaron a nombre de la nueva religión cristiana, los principales delatores de la supuesta herejía de sus padres o familiares, que adoraban a sus dioses. La inquisición estructura piramidal; fue una institución ordenada y dispuesta, la perfección de esta organización por el consejo de la suprema; el presidente inquisidor general, tribunales y puestos permanentes, esto es, instrumentos de concesiones e impartidores de la justicia cristiana. La implementación de las cortes por Sixto IV de España, el dominico fray Torquemada; este gobierno colegial de la suprema, del inquisidor general, el segundo en importancia de la corte, Torquemada pone orden del santo oficio 1482. En 1845 los monarcas ponían a los inquisidores a propuesta de la rectificación del PAPA, Torquemada es la cabeza de esta pirámide. https://youtu.be/X58jYg3ajrM vía @YouTube
En la época de Felipe II que institucionaliza la burocracia y a la depredación del cristianismo por la santa inquisición, avalados por los monarcas, con el poder de perdonar y confiscar bienes. Las formas de control social una de ellas propiciar el Caos y temor, que permita en un laxo tiempo retomar el control con las fuerzas involucradas y acordadas ante las masas violentas y permitir la tranquilidad social. Uno de los factores de siglos es la pobreza y la desigual social; los mexicanos en situación de pobreza se debe al débil crecimiento económico, a una globalización capitalista macroeconómica y de desigualdad de oportunidades y los magros resultados de los programas sociales. La situación de combate a la pobreza en la que pareciera que los esfuerzos han llegado a un límite. Vemos que la tendencia en la pobreza está siendo llevada por las bajas tasas de crecimiento económico más que por el cambio demográfico.
La Probidad es ciega, ante una desigualdad social histórica, sí, tan ciega que no ve sino los delitos de los carteros, de los maestros, de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos, y claro, es omisa, ciega, de los robos, de los fraudes, de los saqueos, de los abusos, de las violaciones a la Constitución o a las leyes secundarias que día a día, sexenio tras sexenio, los encaramados en la cumbre del poder cometen a destajo. Vivimos no sólo frente al fracaso de la política social como un instrumento capaz de reducir la pobreza en el país sino frente a la concentración de los beneficios del crecimiento entre los segmentos más privilegiados de la población. El inflexible endeudamiento del país a nombre de la macroeconomía soportada por el Estado mexicano, por medio de gastadores de una oligarquía kakistocrata, ineficientes y, por qué no decirlo, corruptos, no guarda correspondencia con la obra pública realizada para un país saturado de rezagos y carencias. Los grupos financieros que se entregaron a manos extranjeras y los que se conservan como mexicanos, obtuvieron de los usuarios de sus servicios en este país ganancias que superan las inversiones realizadas.
Los gobiernos también podrían considerar la posibilidad de adoptar programas de depuración con el fin de asegurar que las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos sean removidas de los cargos públicos y evitar que sean empleadas en instituciones gubernamentales. La remoción de quienes han violado los derechos humanos de cargos que implican confianza y responsabilidad constituye una parte importante del proceso para establecer o restaurar la integridad de las instituciones estatales en base a la eficiencia, eficacia y honradez solidaria a un concepto nuevo de gobernar en el partido en el gobierno. Pueden contribuir a establecer la responsabilidad no penal por violaciones de los derechos humanos, particularmente en contextos en los cuales resulta imposible enjuiciar a todos los responsables desde abuso del poder público, corrupción e impunidad a la nueva fiscalía autónoma. Deben también ser escrupulosos en la protección del proceso de las personas investigadas.
LOS CONTRAPESOS DE PODERES: Deben dirigirse solamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos y no a los opositores del nuevo régimen o a quienes tengan puntos de vista y creencias diferentes. Reconciliación: El concepto de reconciliación es importante y su historial es bastante controversial. En algunos contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación porque la relacionan con el perdón obligado, la impunidad y la amnesia. En muchos países latinoamericanos, los responsables de violaciones de los derechos humanos, especialmente los líderes militares asociados a los regímenes dictatoriales, han invocado, de manera cínica, el concepto de reconciliación para evadir la responsabilidad por sus crímenes. El concepto de admitía un término de valorización a la gravedad de los actos ilícitos e intereses. Todo esto es un engranaje del pasado histórico de un país de traiciones, homicidios, la venta de una identidad a cambio de recursos materiales y a la pérdida de un nacionalismo de país a causa de la insensibilidad y solidaridad con su país; AMLO, tiene el engranaje positivo de masas que buscan una esperanza de mejorar su entorno social, económico, ante la degradación de perdida de la calidad de bienestar social y a esa justicia social postergada por siglos. La cuarta trasformación a un idealismo de identidad y nacionalismo al partido en el gobierno de Morena, será de acuerdo a esa cauda de intereses y de elites de poder en cada región de poder, enviciados por un sistema de partidos sin ciudadanía y a una esclarecedora impunidad del uso de recursos públicos de cada región o municipio de caciques institucionalizados por el por el poder público. El derecho administrativo como principio rector de la Democracia: la construcción de una propia racionalidad de gran Estado que permita optimizar, fortalecer y unificarlos los cambios jurídicos de eficiencia, eficacia y honradez, a una acción supranacionales, de la cual no debe operar como una formalización política “destinada a enfrentar a otros bloques” sino una técnico-jurídico y tendiente a la permanente integración. Esto permitirá al derecho administrativo opere dinámicamente y congruente, consolidando y operativizando derechos, como un verdadero principio rector de la democracia. Los enemigos de la democracia en el siglo XXI https://youtu.be/Tq-qlAfFu5k vía @YouTube